En medio de la crisis diplomática que enfrentan Argentina y Ecuador, un nuevo nubarrón diplomático se cierne sobre el gobierno de Alberto Fernández. Desde Santiago, el gobierno de Gabriel Boric reaccionó una vez más ante opiniones del presidente argentino sobre la justicia del país trasandino, vertidas en una carta dirigida a su par ecuatoriano Guillermo Lasso.
Allí, Alberto Fernández hizo una alusión a la teoría del lawfare al afirmar que “a todos debe lastimarnos que en su Patria, como en la mía, como en Brasil o como en Chile la Justicia se haya puesto al servicio de quienes persiguen opositores”.
Ante estos comentarios, el ministro de Justicia chileno, Luis Cordero, afirmó que los dichos del mandatario argentino son “impertinente e impropios”.
No es la primera vez que Alberto Fernández provoca un cimbronazo con el gobierno de Boric. En febrero pasado, el mandatario argentino firmó una carta del Grupo de Puebla que incluyó duros cuestionamientos a la justicia del país vecino.
La carta del Grupo de Puebla, un foro político y académico que reúne a representantes de la izquierda latinoamericana, cuestionó a la Justicia chilena por el caso de presunta corrupción política de la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM), que se remonta a 2014 e involucra al dirigente de centroizquierda Marco Enriquez Omimami.
Ahora, en su carta enviada esta semana a Lasso, el presidente argentino volvió a meter el dedo en la llaga, al aludir a presuntas maniobras de lawfare en varios países de la región, entre las que volvió a mencionar a Chile.
La respuesta oficial llegó este jueves desde Santiago. El ministro de Justicia, Luis Cordero, rechazó los cuestionamientos del mandatario argentino y los calificó como “impertinentes e impropios”.
“Es un hecho público y notorio lo que sucede con las extensiones de los juicios orales, pero una cosa muy distinta es transformar eso en problemas de proceso y garantía”, dijo, citado por EFE. Además, instó a Fernández a “ser respetuoso con las instituciones”.
Tras ocho años de investigación del caso SQM y una nueva postergación del juicio, en febrero un tribunal ordenó abrir un sumario, en el marco de una indagatoria interna, en contra de jueces y funcionarios del Poder Judicial por los reiterados atrasos en la apertura de la vista oral.
El escándalo SQM estalló en 2015. El caso investiga una presunta financiación ilegal de candidatos y partidos políticos con pagos procedentes de la empresa Sociedad Química y Minera de Chile, una de las mineras de más peso del país, a personas relacionadas con estos por servicios nunca prestados.