
Las protestas populares y bloqueos de ruta persisten a pesar de que entró en vigencia una medida de excepción por la cual se habilitó la intervención militar en contra de los manifestantes.
La ciudad de Lima se encaminaba este lunes a convertirse en escenario de la que probablemente sea la mayor protesta contra el gobierno de Perú desde la salida de la presidencia de Pedro Castillo hace 40 días, por la decisión de miles de ciudadanos, sobre todo del sur del país, de llevar su reclamo de elecciones inmediatas y renuncia de la mandataria Dina Boluarte a las puertas mismas del Ejecutivo, mientras persistían cerca de 100 bloqueos de rutas.
Desde varios puntos arrancaron masivos grupos que se concentrarán en Lima en una gigantesca marcha -aunque se desconocía cuándo-, pese a que el gobierno habilitó el domingo a los militares a frenar a las columnas, en un virtual toque de queda.
“Hoy y mañana (la marcha) va a ser más fuerte, las regiones ya están llegando a Lima; pedimos que Dina Boluarte renuncie a la presidencia y que cierren de una vez el Congreso, no queremos más muertos”, dijo a la agencia de noticias AFP Jasmín Reinoso, enfermera de 25 años de Ayacucho en Lima desde hace dos meses.
El gobierno de Boluarte amplió el estado de emergencia (sitio) por 30 días en Lima, Cusco, Callao y Puno para frenar las protestas, autorizando a los militares a intervenir junto a la policía para resguardar el orden público.
“Esperamos que esta situación (protestas) cambie radicalmente y se establezca la vía del diálogo”, dijo el jefe de gabinete, Alberto Otárola, al canal de televisión Latina.
Advirtió el funcionario que “hay un grupo pequeño organizado con financiamiento del narcotráfico y minería ilegal que quiere tomar el poder a la fuerza”, y reiteró que Boluarte no renunciará al cargo, pese a los pedidos de los manifestantes.
“No va a renunciar por dos razones: por un sentido de responsabilidad histórica y porque la renuncia de la señora Dina Boluarte sería abrirle las puertas a la anarquía, sería una irresponsabilidad de la señora Boluarte irse en circunstancias en que el país está atravesando por estos problemas”, evaluó Otárola.
Perú vive una ola de protestas desde el 7 de diciembre pasado, cuando Boluarte sucedió a Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.
Las protestas dejaron hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), además de los decesos de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo.
En un intento por aplacar las demandas, en diciembre el parlamento adelantó los comicios de 2026 a abril de 2024, pero las manifestaciones persisten y el reclamo es por la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Congreso.
Hoy grupos de Puno ratificaron que llegarán a Lima “para hacer escuchar la voz de la protesta”, explicó Jimmy Mamani, presidente de la Asociación de Centros Poblados de la provincia El Collao, una zona aymara fronteriza con Bolivia.
Mamani, alcalde del poblado de San Isidro, es uno de los centenares de campesinos que recorrerán los 1.350 kilómetros que separan su comunidad de Lima.