Así decretó la presidenta peruana, Dina Boularte, al conocerse que harán nuevas movilizaciones desde el sur del país hacia la capital a partir de este lunes. Las autoridades califican esas acciones como un intento de desestabilizar a la mandataria.
Perú decretó el estado de emergencia a partir de este domingo y por 30 días en las regiones de Lima, Cusco, Callao y Puno, medida que autoriza a los militares a intervenir junto a la policía frente a las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que causaron 42 muertes en cinco semanas.
Además suspende los derechos constitucionales de inviolabilidad de domicilio y las libertades de tránsito por el territorio nacional, reunión y libertad y seguridad personales.
La decisión gubernamental es dada a conocer al anunciarse movilizaciones desde el sur de Perú hacia la capital peruana a partir de este lunes, una acción que las autoridades califican de intento de desestabilizar a Boluarte.
Más de un mes de protestas
Perú vive una ola de protestas desde el pasado 7 de diciembre cuando Boluarte sucedió a Pedro Castillo, destituido por el Congreso horas después de que anunciara el cierre del Legislativo y el establecimiento de un Gobierno de excepción con supresión de garantías constitucionales.
Las protestas dejaron hasta el momento 42 muertos (41 civiles y un policía), además de los decesos de siete civiles por accidentes de tránsito y hechos vinculados a los bloqueos, de acuerdo con el último balance de la Defensoría del Pueblo.
En un intento por aplacar las demandas, el Parlamento adelantó en diciembre los comicios de 2026 a abril de 2024, pero los manifestantes exigen la salida inmediata de Boluarte y los miembros del Parlamento a través de un adelanto de elecciones generales y, en algunos casos, la libertad de Castillo, detenido en prisión preventiva acusado de rebelión, entre otros delitos.
Las protestas expresaron sobre todo en tomas de instalaciones, aeropuertos y bloqueos de rutas.
Este sábado, por ejemplo, el país amaneció con más de 100 tramos de carreteras bloqueados por manifestantes, mientras el aeropuerto de Cusco reanudaba operaciones, un día después de que la presidenta Boluarte asegurara que no renunciará. Las regiones del sur andino, de las más marginadas en Perú, están sumidas en una incesante convulsión social.
En Cusco, meca del turismo internacional porque la región es sede de las ruinas de Machu Picchu, las autoridades reabrieron las operaciones en el aeropuerto Velasco Astete, cerrado por dos días por seguridad, medida con la que el gobierno busca recuperar la actividad en la zona, donde gremios locales afirman que pierden hasta siete millones de soles diarios (1,7 millones de dólares) por la crisis. No obstante, los trenes a Machu Picchu, única vía para acceder a esta joya del turismo mundial, seguían suspendidos.
Las protestas fueron reactivadas durante la semana pasada después de una suerte de tregua de fin de año y se concentraron en el sur andino, donde habitan comunidades quechuas y aymaras que, coinciden analistas, han sido históricamente marginadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que realizó esta semana una visita al país, consideró que para superar definitivamente la crisis será necesario integrar a esas comunidades. Las autoridades insisten en que detrás de las protestas hay sectores ultrarradicales, incluidos remanentes del grupo guerrillero Sendero Luminoso.
Como prueba, presentaron la captura esta semana de una exintegrante de esa organización, Rocío Leandro, conocida dentro del grupo como “Camarada Cusi”. Según un portavoz de la Policía, Leandro financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho.
El vocero definió a la senderista como “una asesina marxista, leninista, maoísta”, financiaba las acciones vandálicas que dejaron una decena de muertos en la región Ayacucho. “Cusi” y siete personas capturadas junto a ella pretenden formar un nuevo grupo guerrillero llamado Nueva Fracción Roja, dijo la policía.
Organizaciones de izquierda como el partido Perú Libre, por el que fueron elegidos en 2021 Castillo y Boluarte, rechazaron la versión de la policía al considerarla una estrategia para criminalizar la protesta.